Por admin Tegucigalpa.- La gestión para la firma de un Memorando de entendimiento para coordinar diversas actividades y la liberación de unos cuatro servidores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) asignados a la Unidad de Política Limpia, fue el marco de un encuentro sostenido hace unas horas entre el Pleno de Comisionados de esta institución y el Fiscal General Adjunto, Daniel Arturo Sibrian.
El Comisionado coordinador de la Unidad de Política Limpia, German Espinal, luego de este encuentro, informó que ya hay un equipo de funcionarios del Ministerio Público y la UFTF designados para viabilizar la rúbrica del mecanismo de cooperación entre ambas instituciones para fortalecer la persecución de los delitos electorales.
“Hemos hecho una solicitud de apoyo para poder definir el destrabe de los servidores que corresponden a la Unidad de Política Limpia y que están todavía incautados en los hoteles donde se instalaron las salas se seguimiento al proceso electoral del 2017” declaró el Comisionado Espinal.
A criterio de los comisionados de la UFTF, la habilitación de dichos servidores es de vital importancia porque la Unidad ya tiene desarrollado todo un software denominado Cuentas Claras, sin embargo, no cuenta con el equipo de hardware o sistema informático que les permita acelerar los procesos de construcción de la información que requiere para su funcionamiento.
Por su parte el Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Daniel Arturo Sibrian, comparte la labor que realiza la Unidad de Política Limpia y las experiencias expresadas por los comisionados a lo largo del funcionamiento de la Unidad y se comprometió a realizar de inmediato las gestiones para llevar a cabo la firma de un Memorando de Entendimiento o la viabilidad de un Convenio de Cooperación entre ambas entidades.
Sibrian Bueso considera que de lograrse la efectiva coordinación con la Unidad de Política Limpia se verá fortalecido el principio de objetividad de la Fiscalía del Estado, lo que facilitaría el proceso de investigación de temas importantes como los delitos electorales y de otra índole.