Reformas electorales y suficiente presupuesto para la Unidad de Política Limpia: Informe final MOE-UE

Tegucigalpa, 5 de marzo de 2018.- Una delegación de la Misión de Observación Electoral  de la Unión Europea en Honduras, encabezada por la jefa de Misión y Eurodiputada, Marisa Matías, llegó el sábado anterior a esta capital de Honduras para hacer entrega a los poderes del Estado, las autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad civil del informe final con las conclusiones  definitivas de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017.

En el marco del regreso a Honduras para la presentación del Informe Final, Marisa Matías lamentó de nuevo la pérdida de vidas durante las protestas post electorales e instó a las autoridades competentes a concluir las investigaciones para depurar responsabilidades  de forma que estos hechos no queden impunes.

“Queremos también hacer un llamamiento a los diferentes actores del proceso electoral para que se sienten las bases de un dialogo nacional inclusivo que permita avanzar en las reformas electorales pendientes” enfatizó Marisa Matías.

En el transcurso de esta semana, la jefa de la Misión se reunirá con las autoridades hondureñas, con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) así como con representantes de partidos políticos, de la sociedad civil y de otras organizaciones nacionales e internacionales de observación electoral para intercambiar impresiones sobre el contenido del informe final y estudiar posibles vías de implantación de las recomendaciones.

Estas son las quince recomendaciones sugeridas en el Informe Final de la Misión de Observadores  Europeos:

1.- Censo Electoral- Proceder a una actualización del Registro Nacional de las Personas para mejorar la fiabilidad del censo electoral.

2.- Traslados domiciliarios- Establecer la obligación de aportar pruebas que acrediten que los cambios de domicilio solicitados por los ciudadanos son reales para que puedan ser reflejados en el censo electoral.

3.- Competencias de los Tribunales Departamentales y Municipales- Eliminar las competencias de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y de los Tribunales Electorales Municipales (TEM) en materia de consolidación de resultados electorales por estar caídas en desuso.

4.- Derecho a un recurso efectivo ante el TSE- Solventar las lagunas de la Ley Electoral en la regulación de los plazos de los que dispone el Tribunal Supremo Electoral para resolver impugnaciones en algunos ámbitos electorales, de manera que se evite la aplicación subsidiaria de los plazos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.- Derecho a un recurso efectivo ante la Corte Suprema en materia electoral- Agilizar la resolución de los recursos de amparo en materia electoral.

6.- Fiscalización de la financiación de las campañas electorales- Extender a los partidos políticos los techos de gastos y exigencias de transparencia de ingresos relacionados  con la campaña electoral.

7.- Refuerzo de las capacidades de la Unidad de Política Limpia – Dotar a la Unidad de Política Limpia de un presupuesto suficiente e independiente para poder desarrollar sus numerosas tareas con autonomía y eficacia.

8.- Neutralidad en los medios de comunicación públicos- Propiciar la adopción, a través de reformas legislativas y buenas prácticas profesionales, de mecanismos que garanticen la equidad en tiempo de cobertura y tono entre los diferentes candidatos y partidos políticos en informativos de los medios públicos durante la campaña electoral.

9.- Propaganda pagada en medios privados- Establecer techos específicos para gastos en este tipo de propaganda pagada, o limitaciones razonables del tiempo máximo diario por partido.

10.- Independencia de los medios privados – Eliminación del mecanismo que permite a los medios de comunicación privados el pago de deudas mediante la emisión, fuera del periodo de campaña, de propaganda institucional del gobierno en las condiciones que establezca el Presidente de la República.

11.- Condiciones de ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas-

  1. a) Revisión del artículo 335 B del Código Penal, que penaliza la apología del terrorismo en los medios de comunicación, de manera que su aplicación quede únicamente limitada a casos muy explícitos y particularmente graves, dejando siempre a salvo la libertad de expresión e información de los periodistas.
  2. b) Eliminar las penas privativas de libertad en los delitos de calumnia, injuria y difamación.
  3. c) Incrementar los medios y capacidades de investigación del Ministerio Público y de la Fiscalía General en los casos de asesinatos de periodistas.
  4. d) Reforzar las medidas de protección a periodistas amenazados por parte del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

12.- Independencia del ente regulador de los medios audiovisuales – En aras de una mayor independencia y neutralidad en el desempeño de sus funciones, sería recomendable que la nominación de los magistrados del CONATEL no recayera exclusivamente en manos del Presidente de la República. La participación del Congreso Nacional, como poder constitucional de representación pluralista, en el nombramiento de los magistrados reforzaría indudablemente su independencia.

13.- Paridad y políticas de género – Adopción de una nueva regulación que garantice, sin excepciones la alternancia efectiva entre candidatos y candidatas al Congreso Nacional en las planillas electorales.

14.- Supervisión de políticas de género de los partidos políticos – Supervisión efectiva por parte del Tribunal Supremo Electoral del cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos en materia de igualdad de género (formulación y aplicación de una política de género en su ámbito interno).

15.- Participación política de personas trans – Considerar la legalización del cambio de nombre y del sexo en el Registro Nacional de las Personal (RNP) de las personas trans, de modo que la Tarjeta de Identidad (y, en consecuencia, el censo electoral) refleje la nueva identidad sexual adoptada por estos ciudadanos, facilitando así el ejercicio de su derecho al sufragio activo.

Por último, la jefa de Misión precisó que la recomendación del 2013 sobre la despolitización del Tribunal Supremo Electoral y de las Mesas Electorales Receptoras no se incluye  en este informe. En el contexto actual de multipartidismo, la participación de las diferentes formaciones políticas en los diversos niveles de la administración electoral aporta transparencia. En este sentido, la Misión reitera que, dado el clima de polarización política que vive el país, el dialogo político es más importante que nunca y que cualquier reforma debería basarse en amplios consensos.

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